El miedo a denunciar no es debilidad, es un cálculo correcto

El miedo a denunciar no es debilidad, es un cálculo correcto

El caso Cornell volvió a demostrarlo: cuando el sistema diseñado para proteger a las víctimas termina revictimizándolas, el silencio deja de ser cobardía y se convierte, para muchas mujeres, en la opción más racional.

Christina Martínez (@chris.tuabogada)

El aperitivo

En octubre de 2024, una estudiante de Cornell University denunció haber sido drogada con ketamina y agredida sexualmente durante varias horas por siete miembros de una fraternidad, mientras mensajes de Snapchat entre ellos coordinaban el acceso a ella como si fuera mercancía disponible.

El fiscal a cargo decidió no presentar cargos. Su justificación: un documento de apenas seis páginas describía los hechos como “voluntarios y consentidos”. Nunca leyó ni escuchó las transcripciones completas de las entrevistas policiales. Casi dos años después, cuando una periodista se las mostró, el propio fiscal admitió frente a cámaras: “Nunca las vi, nunca las escuché hasta esta noche”.

Mientras tanto, el proceso interno de la universidad terminó en sanciones que generaron indignación pública: de los siete señalados, solo dos fueron expulsados; otros recibieron medidas como redactar un ensayo académico. La denunciante pidió que le devolvieran la colegiatura para irse de Cornell. Se lo negaron. Terminó abandonando la universidad de cualquier forma. Y cuando decidió exigir justicia por la vía legal, sus propios abogados eligieron demandar bajo una ley estatal de Nueva York, no bajo el mecanismo federal diseñado específicamente para estos casos. El mensaje implícito de esa decisión lo dijo una abogada citada en la prensa: sus representantes ya no confiaban en que el sistema federal protegiera a las sobrevivientes.

El caso se reabrió apenas en septiembre de 2026, casi dos años después de los hechos, no porque el sistema funcionara, sino porque alguien externo (una periodista, una demanda civil) obligó a que se revisara lo que ya existía desde el principio.

México no necesita cruzar la frontera para reconocer ese patrón. El juicio, la serie de Prime Video estrenada en septiembre de 2026 con Eugenio Derbez y Pedro Alonso, lo trae de vuelta a la conversación nacional al dramatizar un abuso de poder dentro del sistema de justicia mexicano. La historia resuena (y no por casualidad) con un caso real que México ya intentó olvidar: el de Los Porkys de Costa de Oro, en Veracruz. En enero de 2015, Daphne Fernández, de 17 años, denunció haber sido agredida sexualmente por un grupo de jóvenes con apellidos conocidos en el puerto. Pasó más de un año sin que se librara una orden de aprehensión. Uno de los señalados, Diego Cruz, fue finalmente detenido en Madrid por la Interpol en 2016 y extraditado, solo para ser absuelto en marzo de 2017 por un juez federal que determinó que no había existido “intención lasciva”. Otro de los acusados obtuvo un amparo; un tercero sigue prófugo.

El caso se convirtió en sinónimo, dentro del lenguaje público mexicano, de impunidad para quienes tienen el apellido o el dinero correctos. Cornell y Costa de Oro ocurrieron en países distintos, en décadas distintas, bajo sistemas legales distintos. El resultado, sin embargo, es el mismo: el poder protege a quien lo tiene, y la institución que debía impartir justicia termina, en los hechos, impartiendo impunidad.

El plato fuerte

Lo que pasó en Cornell no es exclusivo de una universidad estadounidense. Es el mismo patrón que documentan, con nombres distintos, las instituciones mexicanas encargadas de medir y atender este problema en el trabajo.

La Ley Federal del Trabajo distingue, en su artículo 3º. Bis, entre hostigamiento sexual (“el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor”) y acoso sexual, que ocurre “aun cuando no exista subordinación”, pero sí “un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y riesgo para la víctima”. La ley identifica el poder, no el puesto, como el verdadero mecanismo del abuso. Eso es exactamente lo que ocurrió en Cornell: siete personas con la confianza de que nadie les pediría cuentas.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI, 7.2% de las mujeres en México experimentó violencia sexual en su entorno laboral durante un periodo de apenas doce meses. Y de acuerdo con análisis de Inmujeres sobre esta misma encuesta, 91.2% de las mujeres que viven violencia no denuncia ni busca apoyo institucional. Es decir, solo 9 de cada 100 acuden a alguna autoridad. Las razones documentadas no son sorprendentes para quien haya seguido el caso Cornell: miedo a represalias, no saber cómo denunciar, desconfianza en las autoridades, vergüenza y la creencia de que no va a pasar nada.

Esa desconfianza no es paranoia. Un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre hostigamiento y acoso sexual en instituciones públicas federales (basado en reportes de 25 dependencias entre 2016 y 2018) documentó 399 casos con 402 víctimas, 94.53% de ellas mujeres. De ese total, solo en 1% de los casos se impuso alguna sanción con impacto laboral real para el agresor.

Y aquí está el dato que más debería incomodar a cualquier empresa que presuma tener un protocolo de atención: solo en 4.98% de los casos se reubicó físicamente a la víctima (de los cuales apenas 2.74% fue de forma permanente), mientras que en 13.43% de los casos fue el agresor quien terminó siendo reubicado en lugar de ella.

Es el mismo guion que en Cornell: la institución investiga, concluye que algo sí pasó, y aun así la persona que tiene que cambiar de lugar, de universidad o de vida es la víctima, no quien cometió la agresión.

La sobremesa

El miedo a denunciar no es un problema de carácter. Es una conclusión razonable frente a la evidencia disponible: la mayoría de las denuncias no termina en consecuencias reales para el agresor, y sí puede concluir en que la víctima sea quien pague el costo, otra vez.

Las empresas que de verdad quieren prevenir esto no necesitan otro curso de capacitación ni otro protocolo impreso que nadie ha probado. Requieren hacerse una pregunta honesta: si hoy alguien en nuestra organización fuera agredido por alguien con más poder que él, ¿confiaría en que denunciar le traería justicia, o sabría, como lo supo Jane Doe, que probablemente tendría que ser ella quien se fuera?

Mientras la respuesta siga siendo la segunda, el silencio seguirá siendo, trágicamente, la decisión más racional que una mujer puede tomar.

Christina Martínez (@chris.tuabogada)

Especialista en Derecho Corporativo, Laboral y Migratorio. Asesora a empresas nacionales e internacionales en estrategias corporativas, laborales, migratorias, cumplimiento normativo y transformación organizacional. Convencida de que ningún protocolo interno sirve de nada si, en la práctica, nadie se atreve a usarlo.